Australia sufrió en 1996 una terrible masacre en el enclave histórico de Port Arthur (Tasmania). Un desequilibrado utilizó varias armas de fuego para matar a 35 personas y herir a otras 23, antes de ser finalmente reducido por la policía. El país quedó conmocionado. Apenas unas semanas después de la tragedia, el parlamento aprobaba una nueva ley que endurecía las condiciones para adquirir y poseer armas automáticas y semiautomáticas. Hasta entonces los controles habían sido bastante tímidos. La nueva ley contó y sigue contando con el apoyo de los principales partidos. También contó con la oposición de lobbies como la Coalición Cristiana (que también se opone al matrimonio gay o a la comida halal, por poner algunos ejemplos) y, desde el otro lado del Pacífico, la poderosa Asociación Nacional del Rifle.
De hecho, aunque los australianos parecen satisfechos y orgullosos de su legislación, el debate surge de forma recurrente en América. De vez en cuando, especialmente cuando sucede alguna tragedia, alguien en Estados Unidos sugiere adoptar una ley "a la australiana", pero aquel país es incapaz de reaccionar.
Incluso aquí en Australia, tras 20 años, no hay unanimidad acerca del impacto de la ley. Diversos estudios ofrecen conclusiones completamente distintas. Los más optimistas dicen que los asesinatos con armas de fuego han descendido de 0.54 a 0.15 por cada 100,000 habitantes en estas dos décadas. Otros dicen que los datos no son conclusivos, o que la ley es poco efectiva porque los asesinatos con armas de fuego han descendido en la misma proporción que otros crímenes (digo yo que eso también habría que celebrarlo, en lugar de utilizarlo como argumento para menoscabar la ley). Incluso hay quien reconoce un fuerte descenso de los suicidios usando armas de fuego, pero señala a continuación que la tasa de suicidios se mantiene constante. Los suicidas simplemente han cambiado de método.
En los meses siguientes a la aprobación de la ley de 1996, el Gobierno destinó 230 millones de dólares para comprar armas de fuego a quienes quisieran entregarlas voluntariamente. Se recogieron y destruyeron 650,000 armas de fuego que felizmente no han causado ninguna víctima desde entonces. Probablemente una de las mejores inversiones jamás hechas por un gobierno. Aproximadamente el coste de 15 kilómetros de AVE en España, o la mitad del Calatrava de Oviedo. Sin embargo, se estima que quedan al menos otras 200,000 armas de fuego ilegales en Australia.
En los últimos años, Australia ha sufrido algunos incidentes terroristas. En Diciembre de 2014 otro perturbado solitario retuvo durante horas a 17 personas en el Lindt Cafe de Sydney hasta que fue abatido durante un asalto policial en el que murieron dos rehenes. En las horas posteriores a la tragedia, un senador australiano propuso rearmar a la población. Su argumento es que si alguno de los rehenes hubiera llevado armas encima, posiblemente podría haber liquidado al secuestrador en un momento de distracción. Incluso llegó a decir que estas cosas no pasan en EEUU (!!).
Esta semana de que el gobierno australiano ha anunciado que va a abrir un nuevo periodo de amnistía para entregar voluntariamente las armas, esta vez sin contraprestación económica. Se sospecha que una buena parte de estas armas están en una situación "gris". Por ejemplo, proceden de herencias o granjas. El gobierno invita a sus poseedores a entregarlas, sin hacer preguntas. También recuerdan que una vez terminada la amnistía, las penas por posesión ilegal de armas alcanzan los 280,000 dólares y 14 años de prisión. Lo que realmente me ha dejado perplejo es que el anuncio del gobierno relaciona la nueva amnistía con los casos de terrorismo. El argumento es que eliminando las armas, estaremos más seguros. ¡Por fin, algo de racionalidad en la política moderna! Ojalá esta iniciativa ayude a desarmar a la población y evite que "el rifle del abuelo" acabe en las manos del nieto o en el mercado negro.
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