Juicios y noticias

Australia ha sido sacudida esta semana por la publicación del fallo del jurado que ha condenado al máximo responsable en Australia de una conocida corporación internacional. El tribunal considera probado que el acusado, de 77 años, cometió horribles crímenes con dos víctimas menores de edad hace más de 20 años. Los detalles que se han conocido acerca de estos crímenes son desgarradores. El condenado no es ningún desconocido: ha sido la cabeza visible en Australia de dicha corporación durante las últimas dos décadas, número tres en la jerarquía internacional de la organización, vicepresidente de finanzas de esta enorme corporación, y hasta hace poco, miembro de su selecta junta directiva global y consejero directo del CEO.

Irónicamente, el condenado había estado a cargo de anteriores investigaciones de crímenes similares en el seno de la misma organización, que ya acumula varias condenas, muchas denuncias y según algunos informes, miles de posibles casos similares solo en Australia, un país de apenas 25 millones de habitantes. El condenado también había utilizado su enorme influencia para tratar de frenar la igualdad de derechos para los homosexuales y para defender el celibato. Según el fallo del jurado, el condenado no predicaba con el ejemplo en ninguno de estos aspectos.

Pese a los repetidos mensajes de tolerancia cero que la corporación ha emitido recientemente de cara a la galería, el condenado sigue en nómina en uno de los puestos de más alto rango. Tan solo ha sido relevado de algunas de sus responsabilidades, y ha recibido el consejo de no estar a solas con menores de edad. El condenado también ha recibido muestras de apoyo públicas, incluidas cartas al tribunal ensalzando su buen carácter y rogando clemencia, por parte de al menos dos ex-primer ministros de Australia. El cuartel general de la organización en Australia, ubicado en un templo similar al que, según el jurado, fue escenario de los crímenes tras una de las reuniones dominicales con los clientes más fieles de la organización, ha anunciado que no tiene intención de retirar la placa conmemorativa con el nombre y el retrato del condenado que adorna el pórtico de entrada al edificio. Quienes muestran su apoyo al condenado argumentan que todavía cabe la posibilidad de un recurso, y que es posible que el recurso prospere debido a que la condena no se cimienta en pruebas materiales sino en el testimonio acusador de una de las víctimas (la otra falleció hace unos años).

Aunque este caso ha ocupado los titulares esta semana, en realidad la noticia no es nueva. Después de años de investigaciones durante los que el sospechoso estuvo refugiado en un minúsculo estado europeo y solo se prestó a declarar a través de videoconferencia, el año pasado el sospechoso fue finalmente reclamado por la justicia australiana, aterrizó en el país delante de los flashes de las cámaras y tuvo que personarse ante un tribunal. Fue en ese momento cuando la cobertura mediática sufrió un apagón. El juez declaró un embargo total sobre todas las informaciones relativas al juicio, un procedimiento poco habitual pero no único. El motivo: el sujeto tenía varias causas pendientes, y se sospechaba que la atención mediática sobre el primer juicio podría condicionar al jurado del siguiente caso. El primer juicio se celebró dos veces (el primer jurado no llegó a un acuerdo), y en diciembre de 2018, un tribunal popular pronunció su fallo. Los periodistas estuvieron presentes en el juicio tomando notas, pero sin poder publicar nada. El día del fallo algunos medios nacionales publicaron que se había producido una gran noticia, pero que tenían prohibido informar al respecto. Sin embargo, las leyes garantistas de la justicia terrenal han quedado obsoletas en la era de Internet: medios de comunicación extranjeros como la CNN o el Washington Post publicaron la noticia. El nombre del condenado se convirtió en "trending topic" en Australia, y en cuestión de horas la página de Wikipedia ya estaba actualizada. El apagón informativo continuó dos meses más, hasta que esta semana se tomó la decisión de cancelar el segundo juicio relacionado con unas acusaciones que se remontan 40 años atrás. La prensa australiana por fin pudo informar con grandes titulares y reportajes. No obstante, el juez está furioso porque considera que algunos medios se habían adelantado al publicar durante estos meses informaciones más o menos veladas sobre el fallo. Más de treinta periodistas han recibido cartas pidiendo explicaciones y amenazando con severas penas de cárcel.

Con la corporación hemos topado, amigo Sancho.