Ayer se celebraron elecciones locales en algunos municipios, pero la atención de los australianos está puesta en otra "votación" que parece que finalmente se va a celebrar en las próximas semanas.
Hace un año
ya hablé de las intenciones del gobierno australiano de convocar un plebiscito para cambiar la ley y permitir el matrimonio de parejas del mismo sexo, que actualmente es ilegal en Australia. Las cosas no han hecho sino complicarse desde entonces.
En 2012, el Parlamento y el Senado australiano rechazaron una reforma legal para permitir las uniones homosexuales, con un resultado abrumadamente negativo en ambas cámaras (los votos negativos doblaron a los positivos). De haberse aprobado entonces, Australia hubiera sido el duodécimo país en proclamar la igualdad de derechos de sus ciudadanos. Recordemos que España fue el tercer país, en 2005. Desde entonces, hasta 21 iniciativas legislativas han fracasado en Australia.
Sin embargo, cuando se pregunta a los parlamentarios y senadores sobre su posición en este asunto, existe una clara mayoría en ambas cámaras de miembros que públicamente apoyan el cambio legal (fuente:
Wikipedia, que además señala con asteriscos a quienes ahora dicen estar a favor pero votaron en contra en 2012). Tanto el Primer Ministro como el líder de la oposición dicen estar a favor (en el caso del PM, de manera más tímida, mientras que el líder de la oposición acude a manifestaciones). Y según las encuestas, más del 60% de la población australiana también están a favor.
En estas circunstancias, ¿cómo es posible que la legislación se encuentre atascada? Por razones difíciles de entender, el parlamento resulta incapaz de aprobar el cambio de la ley. En un intento de desbloquear la situación (o quizás de quitarse el muerto de encima), la coalición conservadora actualmente en el gobierno prometió convocar un referéndum. La oposición laborista y las asociaciones civiles a favor del matrimonio homosexual se opusieron, como ya expliqué en el blog anteriormente, y la iniciativa fracasó en el Senado. Así que el gobierno ha decidido ejecutar un surrealista plan B, que consiste en pedir a la ABS (equivalente al INE en España) que realice una encuesta postal a todo el electorado. La participación en esta encuesta es voluntaria, a diferencia de las elecciones donde la participación es obligatoria. Y además el resultado es no vinculante. Para poder participar hay que registrarse previamente.
El despropósito es de gran magnitud. Para empezar, se calcula que el coste directo de hacer la encuesta será de 120 millones de dólares de dudosa procedencia, ya que no hay ninguna ley sobre el particular ni tampoco el parlamento ha aprobado una partida presupuestaria para ello. Este ha sido uno de los principales argumentos utilizados en un recurso en el Tribunal Supremo para tratar de detener la consulta. El alto tribunal desestimó el recurso esta semana, y las papeletas comenzarán a enviarse la próxima semana.
Los partidarios del sí y del no ya han comenzado a hacer campaña. En el lado del sí, la clave parece estar en conseguir movilizar a la ciudadanía y hacer valer la considerable ventaja que tiene el sí en las encuestas. En el lado del no, la campaña ha comenzado con un
anuncio de televisión firmado por la "Coalición por el Matrimonio", un grupo equivalente al Foro de la Familia tras el que está el ultraconservador Australian Christian Lobby. El spot contiene declaraciones de madres horrorizadas porque "la escuela podría permitir a mi hijo ir con un vestido", a lo que otra madre añade que en los países que ya han aprobado el matrimonio homosexual, esta práctica se convierte en "obligatoria". Afortunadamente vivimos en la era de los memes de internet, que ya se han encargado de ridiculizar esta farsa. Ninguna agencia de publicidad ha querido responsabilizarse del anuncio.
También han intervenido en campaña algunos ex Primer Ministros también ultraconservadores, como el seminarista Tony Abbot o John Howard. Este último ha querido dar una estocada al matrimonio homosexual diciendo que su aprobación
violaría la libertad religiosa de los floristas. El argumento contiene tantas falacias que produce vergüenza ajena y no merece más análisis.
Afortunadamente la sociedad australiana parece ajena a la deriva de los ultras. Las encuentras indican que la mayoría apoya el matrimonio homosexual, incluso dentro del segmento de los que se consideran religiosos. Es más, el apoyo es especialmente elevado entre los que manifiestan ser católicos. Varios líderes cristianos y de otras religiones
están apoyando públicamente el voto a favor y califican de "abominable" el spot de la autoproclamada "Coalición por el Matrimonio".
La aparición de este tipo de mensajes de desinformación, cuando no directamente de odio y crispación, es precisamente uno de los argumentos de quienes se han opuesto repetidamente a la celebración de un referéndum. Conviene recordar que esta encuesta es no vinculante. Los partidos políticos no han sido capaces de explicar cómo van a manejar el resultado que se conocerá en Noviembre. Se supone que si la encuesta da la victoria al no, los políticos podrán aparcar sin remordimientos el debate en sede parlamentaria durante unos cuantos años más. Si el resultado de la encuesta fuese afirmativo, entonces los políticos se sentirán legitimados para debatir una ley (cuyo borrador aún no se conoce) en el Parlamento. El problema es que para eso no hace falta despilfarrar 120 millones de dólares. Sus señorías en el Parlamento y el Senado están allí precisamente para eso, para debatir y aprobar leyes y para agilizar la toma de decisiones. Ese es el mandato que recibieron en las últimas elecciones hace apenas un año. Si sus señorías creen que necesitan consultar a la ciudadanía para comenzar a debatir si todos los ciudadanos deberían tener los mismos derechos, entonces ¿cuál piensan que es su trabajo?
