En los años 80, el estado de New South Wales (NSW) estaba escandalizado por una serie de casos de corrupción. Nick Greiner fue elegido Premier tras prometer acabar con la corrupción. Bajo su mandato, en 1988 NSW aprobó la creación de ICAC, una comisión independiente para investigar posibles casos de corrupción, con un presupuesto de 25 millones de dólares anuales. ICAC no puede imponer condenas, pero puede realizar investigaciones, organizar comparecencias y remitir las pruebas a la justicia.
Cuatro años después, en 1992 el propio Nick Greiner tuvo que dimitir como Premier, acosado por la ICAC, que había descubierto su participación en una jugada para apartar a un parlamentario y forzar una reelección de la que esperaba salir victorioso. Al final la justicia dictaminó que su comportamiento no había sido corrupto, pero ya era tarde. La investigación de ICAC había sido suficiente para forzar su dimisión.
En 2014, el Premier Barry O'Farrell también dimitió antes de que hubiera una investigación judicial sobre él. ICAC había descubierto que aceptó una botella de vino, algo que inicialmente negó hasta que apareció una nota manuscrita de su puño y letra agradeciendo el regalo.
En estos años ICAC no solo ha hecho rodar cabezas en la jefatura del gobierno de NSW. Entre otros casos, también ha destapado corruptelas en la empresa pública de trenes, e incluso el caso de un empleado del Australian Museum que robó miles de especímenes del museo. Aunque ICAC no está exenta de polémicas, en general actúa con gran independencia, sin importar el color del partido. Por ejemplo, hace unos años provocó la caída del líder de la oposición tras revelar que un millonario chino había entregado un maletín lleno de dinero en la sede del partido.
Esta semana, ICAC ha hecho caer otro Premier más. Gladys Berejiklian había llegado al cargo en 2017 tras la renuncia de Mike Baird, liquidado por su propio partido porque no había podido recuperarse de polémicas como la de los galgos o las leyes para controlar la violencia relacionada con el alcohol. Anteriormente a su ascenso, Gladys, que proviene de una familia de inmigrantes armenios, había desempeñado cargos de Tesorera y Ministra de Transportes con responsabilidad sobre importantes transformaciones como la introducción de la tarjeta Opal para unificar el transporte público, o la privatización de la red eléctrica. Una vez instalada como líder del estado, continuó con un enorme plan de inversiones en transporte, algunas bien recibidas como las líneas de metro, y otras muy controvertidas, como una red de autopistas subterráneas de peaje. También promovió operaciones de dudoso valor público pero muy jugosas para los constructores y especuladores, como el traslado del museo Powerhouse o el derribo y reconstrucción de grandes estadios. Sabedora de que enfrentarse al lobby de las apuestas había costado el cargo a su predecesor, Gladys facilitó dócilmente el uso del Opera House para promover carreras de caballos.
Con la llegada del COVID, Gladys alternó éxitos y fracasos. La estrategia de "contact tracing" funcionó de forma casi milagrosa durante un año, manteniendo Sydney prácticamente en un mundo paralelo en el que parecía no existir el COVID, pese a enormes pifias como el desembarco del crucero Ruby Princess. Finalmente, la aparición de variantes más contagiosas invalidó esa estrategia, y el gobierno de Gladys tardó en reaccionar. Cuando finalmente decretaron el confinamiento, ya era demasiado tarde.
Tras varios meses de confinamiento y tensión debido al trato desigual recibido por los barrios más humildes de Sydney, la situación parecía estar mejorando, y el final del túnel estaba a la vista. Sin embargo, esta semana se conoció que ICAC había decidido abrir una investigación a Gladys. Unas horas después, la Primer dimitía.
El asunto había comenzado varios años antes, cuando Gladys todavía era Tesorera. Otro miembro del parlamento, Daryl Maguire había estado involucrado en turbios negocios y cobro de comisiones en relación con unos terrenos alrededor del futuro nuevo aeropuerto de Sydney. Cuando se supo aquello, Gladys había exigido la dimisión de Daryl y había declarado sentirse muy decepcionada. El año pasado la ICAC llamó a declarar a Gladys como testigo en la investigación sobre Daryl. Se reveló entonces que los dos habían mantenido en secreto una relación sentimental que había continuado incluso después de la salida de Daryl. Obviamente esto no es ningún delito. Pero ICAC había pinchado el teléfono de Daryl, y las grabaciones de sus conversaciones con Gladys demostraban que ella estaba al corriente de las actividades irregulares de su novio. Gladys consiguió sobrevivir políticamente al escándalo el año pasado, hasta que esta semana ICAC finalmente decidió llamarla otra vez a declarar, esta vez no como testigo, sino como sospechosa.
En poco más de 3 décadas, ICAC ha decapitado 3 veces al gobierno de NSW. Algunas voces piden la creación de un organismo similar a nivel del gobierno federal de Australia. Quizás así podrían investigar casos como el de Christian Porter, hasta hace poco un ministro estrella del gobierno de Scott Morrison, que entre otros cargos había sido Ministro de Justicia. Hace unos meses, la televisión pública ABC, en otra demostración de independencia, le había acusado de un caso de violación a una menor que posteriormente se suicidó. El señor Porter denunció a la ABC por difamación para defender su honor, lo cual es perfectamente legal, aunque luego retiró la denuncia tras alcanzar un acuerdo con la ABC. Recientemente se supo que una parte de los costes legales de su pleito contra la ABC fueron pagados por un fondo opaco. Christian se negó a revelar el origen del dinero, y el primer ministro se vio forzado a apartarle del gobierno, aunque el señor Porter decidió conservar su escaño de parlamentario, como si las obligaciones legales y morales de transparencia solo aplicasen a los ministros pero no a los parlamentarios.
